Cámara de Diputados ratificó informe sobre contaminación de agua potable en Osorno

El texto da cuenta de la crisis sanitaria y ambiental que sufrió la ciudad de Osorno tras estar 11 días sin suministro de agua potable producto del derrame de 1.100 litros de combustible en una planta de ESSAL.

La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el informe de la Comisión Especial que investigó el accionar de los órganos públicos que afrontaron la emergencia producida por la contaminación de los sistemas de producción y provisión de agua potable de la comuna de Osorno, ocurrida en julio del año pasado.

El informe que rindió a la Sala la presidenta de la comisión, diputada PS Emilia Nuyado, da cuenta de la crisis sanitaria y ambiental que sufrió la ciudad de Osorno tras estar 11 días (entre el jueves 11 y el domingo 21 de julio de 2019) sin suministro de agua potable producto del derrame de 1.100 litros de combustible en una planta de producción de la empresa ESSAL (Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos Sociedad Anónima), propiedad de Aguas Andinas.

La contaminación por hidrocarburo no solo se circunscribió a los ductos de distribución del agua potable, sino que también llegó a las aguas del río Rahue.

El texto explica que, durante el peak de la emergencia en Osorno, 49 mil usuarios, es decir, alrededor de 180 mil personas, no contaron con servicio de agua potable provisto por la empresa.

En dicho contexto, el Ministerio de Salud declaró alerta sanitaria, lo que entregó atribuciones a la Seremi del ramo para tomar las medidas necesarias que posibilitaran el consumo de agua de calidad y segura a la población. Para ello se contó con un sistema alternativo de distribución con camiones, estanques y entrega casa a casa, además del apoyo de empresas locales de captación de agua potable de forma independiente que prestaron colaboración.

La instancia investigadora que celebró un total de diez sesiones, la integraron también los diputados Gabriel Ascencio (DC), Pepe Auth (IND), Alejandro Bernales (PL), Ricardo Celis (PPD), Fidel Espinoza (PS), Javier Hernández (UDI), Harry Jürgensen (RN), Carlos Kuschel (RN), Amaro Labra (PC), Javier Macaya (UDI), Nicolás Noman (UDI) y Alejandro Santana (RN).

En la discusión del informe participaron la/os diputada/os Gabriel Ascencio, Javier Hernández, Ricardo Celis, Amaro Labra, Emilia Nuyado, Fidel Espinoza, Harry Jürgensen, Gastón Saavedra (PS), Alejandro Santana y Jaime Mulet (FRVS).

Responsabilidades

El informe parlamentario -aprobado por 76 votos a favor, 45 en contra y 11 abstenciones- afirma que en esta crisis sanitaria la responsabilidad política reside en el intendente regional debido a actuaciones tardías, descoordinadas y negligentes.

El texto señala que las diversas autoridades, dirigidas por el intendente, no previeron ni menos proyectaron los impactos de la emergencia en la población, limitándose, en muchas ocasiones, a repetir la información que la propia empresa les entregaba y que resultó no ser real.

Respecto de ESSAL, se concluye que no actuó diligentemente de manera preventiva, reaccionó tardíamente, trató de disminuir el impacto de lo sucedido, no tuvo suficiente capacidad de ofrecer alternativas rápidas de suministro a la comunidad, no asumió oportunamente sus responsabilidades y demoró la entrega de información útil y necesaria a los organismos fiscalizadores y autoridades.

Propuestas de corto y largo plazo

El documento aprobado por la Sala hace una serie de propuestas a corto y largo plazo, entre ellas, solicitar al Presidente de la República caducar la concesión a ESSAL S.A. (proceso iniciado en agosto de 2019 por la Superintendencia de Servicio Sanitarios pero aun en marcha) y establecer como principio rector de la actuación del concesionario y de las instituciones contraloras, la obtención de la reparación completa e integral de los afectados.

Otros propuestas piden fortalecer las competencias de las Superintendencias de Servicios Sanitarios y de Medio Ambiente, así como de los Comités de Operaciones de Emergencia Regionales; sanciones penales ante la responsabilidad dolosa o culposa en la interrupción de un servicio básico y esencial; reformar el Sistema Concesional de Servicios Sanitarios para facilitar la modificación de los contratos vigentes y establecer un régimen de sanciones más severo (la Superintendencia del ramo aplicó una multa de 1.640 millones de pesos a ESSAL S.A.).

En el marco del derecho humano al agua potable, el documento pide considerar las bases para un nuevo modelo de administración del sistema de provisión de agua potable que vaya transitando desde un sistema concesionado a uno público estatal y municipal.

Además, solicita desarrollar una política pública efectiva de protección a la población para los casos de emergencia sanitaria derivada de la interrupción prolongada del suministro del servicio de agua potable.

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